PHOENIX, Arizona.- Legisladores de Arizona aprobaron anoche una iniciativa que busca reforzar el combate a la inmigración ilegal, así como endurecer las sanciones contra los indocumentados y aquellos que los contraten.
El Senado de este estado fronterizo con México, el suroeste de Estados Unidos, aprobó la propuesta republicana por 17 votos contra 11. La iniciativa sólo espera por la firma de la gobernadora republicana Jan Brewer, quien según sus simpatizantes apoya la medida.
El proyecto de ley convertirá en delito estatal que los inmigrantes carezcan de un documento migratorio que los identifique, el cual deberán portar en todo momento.
Conforme a la iniciativa, los ciudadanos podrán demandar a agencias del gobierno que obstruyan la aplicación de las leyes migratorias y prohibirá a los patrones que contraten indocumentados por día o que los transporten a sabiendas de su condición migratoria.
Los defensores de los derechos civiles argumentan que la propuesta podría llevar a la persecución de personas sólo por sus rasgos físicos y a otro tipo de abusos.
La propuesta conocida como la ley 1070 permitiría a la policía local confirmar el estatuto migratorio con base en “sospechas razonables”. Esto justifica “exactamente por qué el gobierno federal debe actuar sobre la reforma migratoria”, dijo el senador demócrata de Arizona Jorge Luis García en un comunicado.
400.000 INMIGRANTES PODRÍAN SER DEPORTADOS
Se calcula que en Arizona viven unos 400.000 inmigrantes indocumentados, que de acuerdo a esta ley podrían ser detenidos y deportados, entre otras medidas que criminalizan los vínculos con los inmigrantes sin papeles.
“Este proyecto de ley abre las puertas a la discriminación racial con la disposición que permite a un funcionario pedir los papeles de la ciudadanía, de alguien que sólo busca ilegales”, agregó García.
La senadora demócrata local, Rebecca Rios, también reaccionó. “Esta medida no resuelve nuestros problemas de inmigración y sólo exacerba la crisis fiscal del Estado mediante el aumento de costos de encarcelamiento y los costos de aplicación de leyes de formación”, dijo Rios.
Desde el lunes cientos de defensores de los derechos de los inmigrantes, activistas y religiosos comenzaron una vigilia frente a la casa de gobierno de Arizona, en Phoenix, para pedirle a la gobernadora Brewer que vete esta ley. La Gobernadora Jan Brewer, ha evitado pronunciarse sobre este tema que está levantando polémica en Estados Unidos.
La ley propone también castigar a toda persona que contrate un ciudadano indocumentado o lo ayude transportándolo de un lugar a otro.
Por ser estado fronterizo, Arizona cuenta con una gran población hispana, de mayoría mexicana, que ha contado con empleos estables en los últimos años a raíz de la explosión del sector inmobiliario y de servicios, que convocó mano de obra barata en beneficio del empresariado asentado legalmente en el país.
AUMENTA LA PREOCUPACIÓN
Para la Unión de Libertades Civiles de Arizona (ACLU, por sus siglas en inglés), la iniciativa de Arizona aumenta “la preocupación acerca de la prolongada detención de ciudadanos y residentes legales”, muchos de ellos de origen hispano detenidos en el pasado sólo por las sospechas que levantan sus características físicas.
Chris Newman, director legal de la entidad National Day Laborer Organizing Network, llamó a la gobernadora Brewer a vetar este proyecto de ley que calificó de “odioso” e “insensato” para Arizona, que “ha sido por largo tiempo un laboratorio de experimentaciones anti-inmigrantes”.
En Washington el líder demócrata del Senado, Harry Reid, reconoció que a corto plazo no es una prioridad la reforma migratoria, la promesa de más peso de demócratas y republicanos cuando intentan captar el voto hispano durante periodos electorales.
De su lado los senadores republicanos de Arizona, el ex candidato presidencial John McCain y Jon Kyl, pidieron el lunes el envío de 3.000 soldados a la frontera con México, debido al incremento “espectacular” de la violencia. McCain, que hace tres años defendió una reforma migratoria en Estados Unidos, calificó el proyecto de ley en su estado de “un importante paso adelante”.
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